LA POLICIA MUNICIPAL NO PUEDE HACER EL TRABAJO DE MIGRACIÓN

Gana Alma Migrante A.C. Premio Internacional

Con la sentencia 1597/2018, la Policía Municipal de Tijuana no puede solicitar documentos migratorios a las personas que están en movilidad, migrantes, deportadas o refugiadas, y tampoco turnarlas al Instituto Nacional de Migración, afirma la abogada Graciela Zamudio Campos.

La fundadora y directora general de Alma Migrante A.C. afirma que esta situación que durante muchos años se ha registrado en Tijuana, y que “es la reina de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes”, ya no se puede seguir cometiendo gracias a esta sentencia.

Emitida por el juez I de Distrito en la ciudad de Mexicali, licenciado Alexis Manríquez Castro, esta sentencia se dio en respuesta a la demanda presentada por Alma Migrante A.C., una organización que surgió en abril de 2018 en Tijuana para defender los derechos humanos de los migrantes.

“Es ilegal que (la Policía Municipal) detenga a los migrantes por no traer papeles migratorios, solo el INM puede pedírselos”, afirma la abogada, “y también es ilegal que Migración los reciba de las autoridades municipales, porque éstas últimas carecen de facultades para hacerlo”.

Zamudio Campos afirma que este tipo de detenciones siempre se han realizado en Tijuana, “aún cuando los migrantes no violen la ley municipal. La detención en Tijuana es discriminatoria y estigmatizante, y la entrega a Migración siempre ha existido”.

Sin embargo, añade la abogada, durante la administración del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, con la llegada de un grupo de haitianos a esta frontera se dio la orden de que la Policía Municipal entregara a Migración a los migrantes que violaran la ley.

Explica que la diferencia al hacer una orden pública, la “población en Tijuana creyó que era legal un patrón de conducta que en realidad siempre había sido ilegal, violando así el derecho de los tijuanenses a saber la verdad sobre los alcances de sus autoridades. La resolución busca proteger ese derecho a la información”.

Sin querer, la población puede hacerse cómplice de esta situación, comenta, porque en su anuncio las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía que denunciara a los migrantes sospechosos de violar la ley y por creer que este procedimiento anunciado es legal.

“Entonces la población lejos de denunciarlo o deslegitimarlo, como lo haría con cualquier cosa ilegal, participa de el mediante la denuncia”, añade Zamudio Campos.

Red Social (RS).- ¿Por qué no había límites a la Policía Municipal de Tijuana en estos casos? Entiendo que ahora sí los hay, si los migrantes invocan la sentencia 1597/2018 al ser detenidos por la falta de documentos para identificarse.

Lic. Graciela Zamudio(LGZ).- “Creo que la ilegalidad de su actuar no era algo que hubiera sido identificado, justo porque se asume que las autoridades actúan en el marco de la ley cuando piden estos documentos migratorios a los migrantes y también cuando los entregan a Migración para su deportación. Sobre todo cuando la autoridad máxima de la ciudad lo ordena públicamente para poner orden”.

RS.- ¿Qué pasa si un funcionario público incurre en desacato a la sentencia mencionada?

LGZ.- “Se puede presentar una denuncia penal por desacato de resolución judicial firme en la Fiscalía General de la República”.

RS.- Comenta que esta resolución es histórica y única en su especie en Tijuana. ¿Cómo podría extenderse a nivel nacional?

LGZ.- “De dos maneras: Replicando la demanda con los mismos argumentos en otras ciudades en la que las autoridades anuncien públicamente éstas u otras órdenes ilegales y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el recurso en el sentido de que el Instituto Nacional de Migración tiene competencia nacional y por eso no debe recibir migrantes de ninguna autoridad municipal en el país”.

Gana Alma Migrante A.C. Premio Internacional

En octubre de 2020, Alma Migrante A.C. ganó el “Premio Internacional Sentencias” por equipo litigante, que otorgan diversas instituciones entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Estos premios, que son cinco en su totalidad y tres de ellos se entregan a jueces y dos a equipos litigantes, se otorgan para reconocer “las buenas prácticas en materia de acceso a la justicia para las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.

En su quinta edición, la entrega de estos premios se realizó vía virtual por la situación de la pandemia.

Graciela Zamudio Campos, fundadora y directora general de Alma Migrante, explica que la sentencia 1597/2018 emitida por el juez Alexis Manríquez Castro del Juzgado I de Distrito en Mexicali, fue presentada por esta asociación civil en este certamen para que fuera reconocida la actuación del juez en la defensa de los derechos de los migrantes.

Sin embargo, el Premio Sentencias por equipo litigante fue otorgado a Alma Migrante A.C., integrado por los voluntarios Paola Guadalupe González Leyva, Xally Guadalupe Uribe Núñez, Nayomi Aoyama González, así como Graciela Zamudio Campos y Oscar Augusto Zamudio Campos, estos dos últimos pertenecen a Alma Migrante.

Zamudio Campos, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, llegó en 2015 a esta frontera para trabajar como coordinadora de la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos delegación Baja California.

Durante su gestión como funcionaria federal, se percató de las principales violaciones a las personas que se encuentran en movilidad humana, y decidió crear Alma Migrante A.C. para generar estrategias que hicieran posible defender sus derechos humanos.

Esta asociación trabaja en tres vertientes: compartir la experiencia de abogados defensores de derechos humanos; realizar litigio estratégico en materia migratoria y que la sociedad conozca la historia de defensores de migrantes.

“El propósito de nuestra asociación es que la defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad, no tiene que ser necesariamente por medio de abogados”, y el conocer la sentencia 1597/2018 permitirá que los migrantes no vean afectados estos derechos, comenta Zamudio Campos.

Y añade: “Diseñamos litigios que nos den herramientas como esta suspensión para ofrecerlas a la comunidad de defensa de las personas migrantes, que quieran usarlas en beneficio de los derechos de los demás aún cuando no sean abogados”.

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