INICIO REAL DE ESTA LEY DE FOMENTO

Las siguientes acciones que han permitido su existencia como documento rector son: En 1993 inicia el Gobierno Estatal un programa de apoyo financiero a Organismos No Gubernamentales, hoy identificados como de la Sociedad Civil.  Este programa de apoyo financiero empieza, inclusive a tener eco en muchos municipios de otros estados de la República. Para que el gobierno apoyara económicamente programas que las instituciones cumplían en beneficio de la sociedad.

En el 93 respondiendo a la Convocatoria  llegan los proyectos de distintos rubros, de rehabilitación de sus instalaciones, para adquirir equipo, para gastos operativos.  Al inicio el propio gobierno, con criterio de las personas responsables del programa define los proyectos más viables. Posteriormente se integra un Comité Técnico con representantes de la sociedad, profesionistas de distintas áreas, representantes de Desarrollo Social Municipal, con los criterios y guía de la propia Convocatoria.

Sin embargo, los antecedentes reales de esta Ley se inician en la XV Legislatura Estatal con la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para que se integren a la Mesa de Coordinación Especializada en Bienestar Social y Desarrollo, que continúa vigente en la XVI Legislatura. Se da una activa participación de los grupos ciudadanos, particularmente en el proceso de elaboración de la Ley.

Y eso significó la existencia de un diálogo muy intenso (legisladores y ciudadanía) llegando a consensos, puesto que hubo posicionamientos sobre aspectos internos de las instituciones ciudadanas. Lógicamente el gobierno estatal se hizo presente con la participación de los legisladores.

Así se llegó al producto último que esta Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social determina (entre otras acciones) la creación de un Consejo Estatal integrado por: un representante del Gobernador, el titular del DIF Estatal, el titular de la Secretaria de Desarrollo Social, un representante de cada uno de los cinco Ayuntamientos del Estado, así como un representante ciudadano de cada uno de los 16 rubros  que figuran en la propia ley.

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