CUMPLE 20 AÑOS NUESTRA LEY DE FOMENTO

No solo este documento es importante… sino su historia y todas las personas que intervinieron para que fuera una realidad.

Como empezaban los cuentos de antaño: Había una vez… cuando los ciudadanos y legisladores locales  a pesar de las diferencias, podían trabajar unidos para dotar de buenas leyes a los sectores involucrados. Concretamente para lograr esta Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social para Baja California, hubo necesidad de  afrontar dificultades ficticias y reales. Pero fue la decisión de por lo menos 200 personas del Tercer Sector o Voluntariado, que no se amilanaron, ni dejaron que los venciera el desaliento.

¡Quién lo habría de decir, que en el 2020 se unieran la terrible pandemia originada por el Covid 19 y la administración pública (de los tres niveles de gobierno) del Movimiento

Político (que no partido) Morena, para ignorar al Tercer Sector y a nuestra Ley.  Un ejemplo que no admite duda:

Laura Torres Ramírez, Secretaria en B. C.  de Integración y Bienestar Social, en su brevísimo paso por esa dependencia, solicitó y obtuvo  del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa una “suspensión provisional” a las actividades del X Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social. Eso fue el 23 de enero del 2020.  Y hasta la fecha, ninguna de las funcionarias que han estado en esa dependencia, han informado absolutamente nada.

El periodo de dos años que legalmente  dura cada Consejo Estatal, lo tiraron a la basura estas tres ineficientes “Secretarias”, Cynthia Gissel García Soberanes, la ya mencionada Laura Torres Ramírez y la actual Alma Sarahí Arellano. Periodo de tiempo que debieron aprovechar para coordinarse con los Organismos de la Sociedad Civil y que gobierno e instituciones se fortalecieran en el servicio.  Pero les importó más ignorar, insultar y tratar de acabar con una institución probada por sus resultados de 18 años: el Consejo Estatal. Por suerte el próximo 31 de octubre, concluye este mini gobierno de 2 años.

Ojalá que quien llegue a la gubernatura, nombre a una persona con capacidad y conocimientos del Tercer Sector, en la Secretaría de Integración y Bienestar Que respete   los avances logrados en los últimos 20 años.  Quizá para entonces ya no estemos confinados por la Pandemia y el Voluntariado, exija los derechos ganados con servicio, trabajo y resultados en la atención de los grupos vulnerables y en general a quienes trabajan en la solución de los problemas sociales. Como coadyuvantes de los gobiernos.

¿POR QUÉ ELIMNAR AL X CONSEJO ESTATAL DE OSC?

Aquí se conjugaron dos factores la ignorancia sobre el Tercer Sector de Laura Torres Ramírez y la ambición de quien ya se veía como presidente del Consejo, Luis Millán. Aunque la culpa debe compartirla con sus compañeros los Consejeros Ciudadanos que lo dejaron actuar y nadie puso orden ni llamó a la cordura.

Alguien le dijo al oído a Laura que la elección de los Consejeros Ciudadanos que estarían vigentes por dos años, se había realizado ANTES de lo que marca la Ley. La ignorancia de todos los involucrados les impidió ejercer una correcta defensa.  Sí se adelantaron los tiempos, por decisión del IX Consejo cuyos integrantes consideraron correctamente que la elección se complicaría debido a que coincidía con el cambio de gobierno estatal. Pero se cumplieron con todos los requisitos de la Convocatoria. Eso sí, los perdedores, los que no lograron votos suficientes armaron un sainete que asustó a los nuevos funcionarios y se fueron por lo fácil: pedir a la autoridad que cancelara esos nombramientos.

Y la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa recibió la solicitud el 23 de enero del 2020 (RED SOCIAL tiene copia del documento).  Todo el año se fue y el Gobierno Estatal con tres titulares desfilando por la Secretaria de Integración y Bienestar Social, nunca pidieron al Tribunal la respuesta y si la tienen (la respuesta) está muy guardada.

Al gobierno del estado le conviene haber inmovilizado el X Consejo Estatal para que no reclamara los derechos logrados en los pasados 18 años (antes de que llegara Bonilla).  Se han dedicado a repartir despensas a las víctimas de la Pandemia y dejar una mínima cantidad al Apoyo Económico (del PAFOSC) que cada año se entregaba a OSC cuyos proyectos en beneficio de los grupos vulnerables, ganara ese derecho.

Este año estará perdido por las campañas electorales. Así que se trabajará para que en noviembre próximo, no importa quien llegue a la gubernatura, se le exija el cumplimiento de la Ley y se convoque a la elección de los Consejeros 2021 – 2023. (lep)

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