FALTAN POLITICAS PUBLICAS PRESUPUESTO

A pesar de que se tiene un discurso de proteger a la mujer, se requiere adoptar políticas públicas y acciones afirmativas encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres, su acceso a la justicia y destinar el presupuesto necesario para ello en Baja California, afirma la licenciada Harlene Maritza Arriaga Nava.

La especialista en derechos humanos agrega que se requiere tomar en cuenta la condición de esta entidad por su situación fronteriza, la migración, la existencia de comunidades indígenas, entre otros factores, en el diseño de esas políticas públicas.

“Hubo pasos atrás a causa de la pandemia por los casos que se han registrado de violencia de género, y no tenemos muchos albergues para proteger a mujeres maltratadas aquí en la entidad”, comenta Arriaga Nava, “y los que hay no tienen calidad de refugio, solo son de asistencia o casas de paso”.

Harlene Maritza Arriaga Nava

Añade que se requiere hacer más ágil la atención  a las mujeres que solicitan ayuda al 911 cuando están en su casa con el agresor, porque no es tan rápida la comunicación directa y ello pone en riesgo a las denunciantes.

En cuanto al Centro de Justicia para Mujeres, Arriaga Nava considera a que a pesar de que ya abrió y fue nombrada una directora, no cuenta con los protocolos establecidos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para que funcione de manera óptima..

Agrega que se requiere que el personal del Centro de Justicia tenga la capacitación y conozca esos protocolos para que cuente con la empatía y la sensibilización para atender a las mujeres víctimas de violencia.

Pone como ejemplo que mientras el Código Civil establece un artículo para primero conciliar en caso de presentarse una lesión o incluso otorgar el perdón; esto se contrapone con la ley de la violencia contra la mujer que no considera tal beneficio.

“La violencia no es medible ni conciliable porque la violencia viene de una situación de poder y esto pasa mucho en temas familiares, por eso el personal a cargo de atender estos casos debe contar con la capacitación adecuada”, explica la abogada.

Considera que la ubicación del Centro de Justicia estaba contemplada para la Zona Este de la ciudad, donde se registra mayor número de casos, y sin embargo se construyó el edificio en la colonia Camino Verde y le falta infraestructura.

“El Centro debe de contar con todas las instituciones que sean necesarias para atender la violencia de género y tomar en cuenta ciertas certificaciones, como la Eco 539”, comenta la especialista.

Otro de los aspectos que cuestiona la abogada, es que a pesar de la situación de trata de personas que se registra en la entidad, solo existe un fiscal para atender estos casos.

Añade que el Centro de Justicia debe tener fiscalía, atención jurídica, trabajo social, psiquiatría, en fin, todos los servicios que hagan posible la atención óptima para las mujeres, con la finalidad de evitar su revictimización.

“Las políticas públicas surgen de una buena iniciativa, pero si no se adecúan a la realidad, entonces no se está avanzando, y se requiere que cuenten con el presupuesto necesario para garantizar y proteger los derechos de las personas, así como su acceso a la justicia”, afirma Arriaga Nava. (E. S.)

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